Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, fue la encargada de presentar el documento, que transitó por un proceso de elaboración y consultas hasta llegar a su versión número 17, incluyendo un estudio comparado con leyes de más de 15 países y una amplia participación de expertos y de los principales beneficiarios. 

A las consultas asistieron más de 825 000 personas y fueron recogidos más de 124 000 criterios. 

“Todavía son inmensos los retos para materializar su mandato, lo que consideramos el mayor desafío”, dijo la ministra, que destacó el ejercicio de aprendizaje conjunto que ha caracterizado a la construcción colectiva de la nueva normativa.

“Este código es inclusión, equidad, participación y humanismo, y va a lo más importante de la patria: sus seres humanos”, afirmó.

La diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, presentó el dictamen parlamentario sobre la norma, compuesta por 214 artículos distribuidos en dos títulos.

El Código, que tiene como precedente el Código de la Niñez y la Juventud de 1978, al que sustituye y que fue entonces un hito legal en la institucionalización de esa protección, establece un conjunto amplio y transversal de derechos, deberes, garantías y principios con enfoque de ciclo de vida, interseccionalidad, participación y corresponsabilidad.

La nueva disposición normativa, además, tiene como antecedente la aprobación de la Política Integral para la Atención a la Niñez y Juventudes por los diputados en 2023. Toma en cuenta la experiencia del código de 1978 y la internacional, así como los instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es firmante, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño.

En el proceso de consultas que acompañó su elaboración, participaron −junto a expertos y diputados−, niños, adolescentes y jóvenes de todos los niveles escolares a lo largo del país.

Un enfoque integral de derechos

El Código reconoce a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos activos de derecho y consagra principios esenciales como el interés superior de los menores de edad, la participación progresiva, la autonomía personal y la protección frente a toda forma de violencia, abuso, negligencia, explotación, trata, exclusión y discriminación.

El principio de autonomía progresiva que se introduce en el código ya estaba recogido en el Código de las Familias, aprobado en julio de 2022 por el Legislativo y, en septiembre de ese año, en referendo popular.

En la nueva normativa se reafirma la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad en la garantía de derechos, especialmente en la formación, desarrollo y bienestar de la infancia y la juventud. También incorpora normas específicas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Protección frente a la violencia y entornos seguros

Una parte significativa del Código se enfoca en garantizar entornos protectores y seguros en todos los ámbitos de vida: el hogar, la escuela, las comunidades y el entorno digital. 

Se establecen medidas para prevenir y atender casos de violencia familiar, institucional, escolar, en redes digitales o por razones de género, edad, orientación sexual, discapacidad o situación económica.

Asimismo, se norman protocolos de actuación ante situaciones de abandono, abuso, trata o explotación, y se crean disposiciones especiales para la restitución de derechos y el seguimiento institucional a víctimas.

Refuerza, además, la prohibición del trabajo infantil y fortalece la protección frente a todos los tipos de violencia.

Participación juvenil y desarrollo integral

Una de las principales innovaciones de la ley es el reconocimiento expreso de la juventud como una etapa diferenciada del ciclo vital, que va desde los 18 hasta los 35 años.

Se promueve el ejercicio activo de la ciudadanía, la inserción en la vida política, económica y social del país y el protagonismo juvenil en la transformación social.

El Código recoge garantías para la formación técnica y profesional, el acceso a empleos dignos, el emprendimiento, la salud sexual y reproductiva, la cultura y la recreación. También reconoce derechos vinculados a la movilidad, el uso del tiempo libre y la participación en espacios institucionales y comunitarios de decisión.

Acceso a justicia y mecanismos de protección

El nuevo cuerpo legal establece procedimientos para el acceso a la justicia especializada, tanto administrativa como judicial, de menores de edad y jóvenes. Prioriza el uso de métodos alternativos de solución de conflictos, el acompañamiento psicosocial y el derecho a ser escuchado.

La legislación pauta además un sistema integral de protección, articulado desde los niveles municipal a nacional, que permitirá canalizar denuncias, intervenir en casos de riesgo o desprotección, y articular políticas públicas específicas para los distintos grupos etarios incluidos en el Código.

    El texto toma en cuenta la experiencia del código de 1978 y la internacional y los instrumentos jurídicos internacionales de los que Cuba es firmante, entre ellos la Convención de los Derechos del Niño, y guarda correspondencia con la Constitución y el ordenamiento legal de la nación.

Un paso hacia la transformación jurídica y social

Con esta aprobación, Cuba se dota por primera vez de un cuerpo jurídico integral que abarca a la niñez, la adolescencia y la juventud, en correspondencia con los principios recogidos en la Constitución de 2019 y en tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño.

El Código responde a una necesidad largamente identificada por instituciones, especialistas y organizaciones sociales: sistematizar y actualizar la normativa dispersa en torno a los derechos de los sectores más jóvenes de la población, y ofrecer un marco coherente y de garantías que oriente tanto las políticas públicas como las prácticas familiares, escolares y comunitarias.

En el proceso de consulta del Código participaron más de 800 000 personas, desde niños, adolescentes y jóvenes de todos los niveles escolares hasta expertos y diputados. Para su elaboración, a cargo de un grupo redactor liderado por el Mined, se contó con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, especialmente del Unicef.

En sesiones de trabajo durante junio, se recogieron 56 planteamientos de diputados, 42 de los cuales fueron incorporados a la versión final (la número 17).

La ley, según se anunció, entrará en vigor tras su publicación oficial, acompañada de un programa de capacitación, divulgación y control para asegurar su implementación efectiva en todos los territorios del país.

Los diputados opinan

“Defiendo el código y el dictamen desde una manera muy sentida”, dijo al intervenir en el plenario Laura Bacallao Padrón, diputada por Guáimaro, Camagüey, quien comentó algunas de las muchas opiniones recogidas del intercambio con cientos de infantes y adolescentes en su provincia.

Comentó que hay que renovar un texto como este “ante fenómenos como el auge de la tecnología, con peligros reales como el ciberacoso, la extorsión y la manipulación en línea” y a los cuales están expuestos hoy niños, adolescentes y jóvenes, pero también “ante realidades como la inteligencia artificial y la educación en línea”.

El derecho a la identidad, la privacidad en entornos virtuales −sostuvo−, demandan obligaciones específicas desde la familia, la escuela y la sociedad, que no son las mismas para cada una de estas instituciones.

Llamó al reconocimiento frente a fenómenos sociales como la desvinculación del estudio y el trabajo, el embarazo adolescente y el inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales cada vez más tempranas, a lo que se une hoy una lucha sin cuartel contra las drogas.

“Estamos urgidos de un código como este para lidiar con estos desafíos desde las prácticas más robustas y modernas”, afirmó.

Leidys María Labrador, diputada por el municipio Puerto Padre, Las Tunas, resaltó que estamos ante una herramienta con un valor importantísimo para el accionar. “A veces nos quedamos en la identificación del problema, en su descripción, y no tenemos los mecanismos para hacer la denuncia oportuna para que eso se canalice. La nueva norma nos da esos mecanismos”, afirmó.

“Este es el código de cada familia donde vive un niño. El reto es que la familia conozca el código y se identifique con él”, consideró.

Según la diputada, muchos de los problemas sociales que afectan al mundo entero también nos afectan a nosotros. “Cuba no está en una urna de cristal, tal como muchas veces nos ha alertado nuestro presidente”, dijo y señaló que el  primer llamado es a la familia cubana. 

A su juicio, no podemos pensar que porque algo está prohibido no existe. “Debemos buscar el problema, verlo. Que este código se convierta en el lente con el que la sociedad mire la niñez, la adolescencia y la juventud. Es necesario que cada quien se sienta responsable de la implementación de este documento, trascendente en la Cuba que sigue siendo referente en el mundo entero por la atención a sus nuevas generaciones”. 

Yordany Andarcio Álvarez, diputado por Bahía Honda, Artemisa, calificó el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes como una “norma jurídica revolucionaria”, inspirada en el carácter profundamente humanista de Fidel Castro. 

En su intervención, subrayó que Cuba respalda hoy un cuerpo legal que protege lo más valioso de cualquier sociedad: sus niños y jóvenes. Este respaldo cobra mayor relevancia en un contexto internacional marcado por crímenes atroces, como el genocidio en curso contra el pueblo palestino, donde los muertos son mayormente niños (más de 17 000) y mujeres. 

Para Andarcio, el Código es un paso firme en la defensa de los derechos humanos y en la reafirmación de los valores éticos que sustentan el proyecto social cubano.

Rosa Miriam Elizalde, diputada por el municipio Trinidad, Sancti Spíritus, felicitó a la comisión redactora de la ley, “porque mantiene el espíritu y rigor del Código de las Familias y de otras legislaciones”.

En su opinión, esta es la normativa más avanzada del país en términos del derecho de niños, adolescentes y jóvenes, encaminada a que empleen el entorno digital en condiciones de seguridad, libre de violencia.

“Creo que resuelve vacíos de regulación de legislaciones precedentes, como la propia Ley de Comunicación, el Código de las Familias, el Código Penal e, incluso, algunos decretos del Ministerio de Comunicaciones”, consideró.

En particular, destacó el artículo 72, inciso 5, sobre la responsabilidad estatal en la protección frente a los riesgos digitales, que señala que las plataformas de comunicación, redes sociales y proveedores de servicios digitales deben garantizar la creación de mecanismos de denuncia accesibles, filtros de protección para niños y adolescentes y la eliminación expedita de contenidos que vulneren sus derechos.

El problema radica en que las plataformas digitales más populares en el país −y donde más se violan estos derechos− son estadounidenses. “Los ciberdelincuentes más descarados que operan en el espacio público digital cubano no residen en Cuba”, argumentó.

“Son contadísimas las ocasiones en que plataformas como Facebook, X o YouTube −propiedad de Google− han eliminado contenidos que promueven la violencia contra personas o contra la sociedad. Hemos visto de todo: desde llamados al magnicidio y violaciones de la intimidad, incluso de menores, hasta manuales para fabricar bombas y cócteles molotov”, comentó la diputada.

“Estas personas no solo violan la legislación nacional, sino también las leyes de sus propios países. Sin embargo, las plataformas suelen hacerse de la vista gorda ante estos fenómenos, porque el odio, el morbo y la violencia generan atención y la atención es el corazón de las ganancias de estas empresas privadas”, dijo.

Como propuesta concreta, sugirió que este inciso se reelabore y se tengan en cuenta no solo las acciones administrativas y penales en el territorio nacional −incluyendo la posibilidad de juzgar en ausencia a infractores−, sino también la opción de ejercer acciones por encargo estatal ante tribunales y organismos internacionales que abordan los derechos digitales.

“El carácter transnacional de internet complica y limita en la práctica la protección de estos derechos, por lo que debemos ser más proactivos en el ámbito del derecho internacional. Incluso, deberíamos explorar canales de diálogo directo con las plataformas sociales”, recomendó.

Sugirió que, “al igual que contamos con una lista nacional de personas vinculadas al terrorismo, se valore crear un registro público de entidades y personas que, no estando en territorio nacional, son responsables de hechos probados que constituyen graves violaciones descritas en este código y que atentan contra los derechos humanos de niños, adolescentes y jóvenes cubanos”.

La ministra de Educación, Naima Ariatne Trujillo Barreto, valoró la propuesta como positiva y refirió que se considerará su incorporación a la norma.

Yamila González Ferrer, diputada por Mantua, Pinar del Río, recordó a Vilma Espín. “Quienes tuvimos la oportunidad de trabajar junto a ella y compartir sus reflexiones sobre los temas de niñas, niños y adolescentes, sabemos que este código expresa, consecuentemente, su pensamiento. Creo que es algo muy importante que debemos tener en cuenta.

“Quisiera reiterar el reconocimiento a la comisión redactora de este código. Es un código perfectible, la práctica nos irá indicando en qué aspectos debe seguir mejorando, pero lo necesitábamos mucho y su contenido tiene una fortaleza tremenda”, afirmó.

“En primer lugar −continuó su intervención González Ferrer−, debemos tener claridad sobre lo que significa el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Ya en el Código de las Familias nos habíamos adelantado a muchos de estos conceptos, pero ¿qué implica esto?: que tienen capacidad progresiva para ejercer sus derechos y participar en la toma de decisiones. Creo que es algo que debemos transformar en nuestras mentes para que el código sea realmente aplicable. Es uno de los grandes retos de su implementación”.

Consideró, además, que al reforzar el principio de igualdad y no discriminación el Código promueve la eliminación de estereotipos y patrones socioculturales que provocan inequidades sociales y situaciones de vulnerabilidad que limitan el desarrollo de niños y adolescentes. 

“Este código se articula con el Código de las Familias y reconoce el rol fundamental de los vínculos afectivos, el respeto a la diversidad familiar y la corresponsabilidad de madres, padres y cuidadores en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Se prioriza la permanencia en entornos familiares protectores y se fortalecen las medidas de acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad”, destacó la jurista.

También señaló que se avanza en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, reconociendo el derecho de niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos y su vida reproductiva. “Esto es fundamental para su desarrollo integral y para evitar cuestiones tan sensibles como las uniones tempranas y los embarazos no deseados”.

Al subrayar que la prevención de la violencia ocupa un lugar prioritario, comentó que el Código establece obligaciones claras para el Estado, la familia y la sociedad en la protección de infantes y adolescentes frente a todas las formas de violencia, en todos los entornos, además de contemplar mecanismos de denuncia accesibles y medidas de protección inmediata, “un avance normativo significativo”.

“Otro aspecto destacable es la promoción de métodos alternativos de solución de conflictos, especialmente la mediación, como herramienta educativa, restaurativa y transformadora”, añadió González Ferrer.

A su juicio, “el gran desafío que tenemos ahora es la implementación efectiva del Código. Debemos asegurar recursos humanos e institucionales suficientes, formar integralmente al personal, garantizar el acceso real a los mecanismos de participación y superar barreras culturales que aún persisten en torno a temas como la autonomía de los adolescentes, la educación integral de la sexualidad o las uniones tempranas”.

Estimó que, en su capacidad y visión educativa, el Código promoverá una transformación cultural importante en nuestra sociedad. “Tenemos que ser capaces de comunicar este código. Hay que hacerlo de manera amigable, cercana y accesible, no solo para el pueblo en general, sino también para que niñas, niños y adolescentes se apropien de sus contenidos”.

Comentó que desde la Sociedad Científica de Derecho de Informática de la Unión de Juristas ya se están debatiendo ideas para la creación de una aplicación digital. “Creo que será muy útil, porque es en el entorno digital donde más acceden nuestros jóvenes, niñas, niños y adolescentes”, agregó.

De acuerdo con la diputada y jurista, este código ubica a Cuba en sintonía con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y es una oportunidad histórica para consolidar una cultura de derechos desde la infancia. “Hagamos de este código parte de la vida cotidiana de cada niña, niño, adolescente y joven, en cada rincón del país”, afirmó.

En la continuación del debate parlamentario, Mariela Castro Espín, diputada por Plaza de la Revolución, La Habana, destacó algunos avances significativos incorporados en esta norma superior, que, desde un enfoque de género progresista, busca garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación en consonancia con los principios constitucionales.

“No solo afirma los postulados constitucionales, sino que los amplía al incluir, entre las categorías protegidas, las características sexuales, junto al sexo, género, identidad de género y orientación sexual, lo que refleja un compromiso con la protección de grupos históricamente vulnerados”, dijo.

Subrayó que “uno de los aspectos más destacables es el reconocimiento explícito del derecho a la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, responsabilizando al Estado de fomentar la educación, orientación y prestación de servicios en esta materia”.

El Código −apuntó la directora del Cenesex− aborda con especial atención dos problemáticas críticas: la violencia contra menores y el embarazo en la adolescencia. “En este sentido, consagra el derecho a una vida libre de violencia, prohibiendo toda forma de maltrato, castigos corporales y tratos humillantes. Enfatiza la protección de la integridad física y sexual de manera explícita”. 

Castro Espín argumentó que en materia de salud pública, el texto normativo establece la obligación estatal de prevenir el embarazo adolescente, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos y a medidas para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Además, dispone la creación de programas específicos para la atención de madres y padres adolescentes en un marco de protección especializada y apoyo prioritario, reconociendo el papel de las familias y la sociedad en esta labor preventiva.

“Otro eje fundamental es la educación integral de la sexualidad, que el Código establece como un derecho, promoviendo un enfoque inclusivo que respete la diversidad social, cultural, religiosa y de género”, dijo, lo cual “refuerza la necesidad de políticas públicas que combatan estereotipos y fomenten el desarrollo pleno de las personas menores de edad”. 

Señaló que un avance sin precedentes es la prohibición de cirugías genitales no consentidas en infancias intersexuales, salvo en casos de riesgo para la salud o la vida, lo cual está referido en el artículo 79 del Código. 

“Esta cláusula, pionera en el ordenamiento jurídico cubano, rechaza las intervenciones médicas innecesarias destinadas a forzar una adecuación binaria de los genitales, alineándose con estándares internacionales de derechos humanos y con la despatologización de las variaciones corporales”, destacó.

La diputada apuntó que las intersexualidades se refieren a las variaciones atípicas de las características sexuales, ya sean cromosómicas, gonadales o genitales. No siempre se evidencian al nacer; a veces se manifiestan a partir de los cambios puberales. 

“Estas identidades, por lo general, están invisibilizadas en las políticas y en las leyes. Y estoy muy orgullosa de que, incluso con apenas resistencia, nuestras diputadas y diputados comprendieron la necesidad de incorporar en esta ley tan importante la protección de los derechos de estas personas”, afirmó. 

Tras coincidir en que este código es un instrumento jurídico novedoso que impone el desafío de formar a los operadores jurídicos, profesionales de la salud y actores sociales para su correcta implementación, enfatizó que “su aplicación efectiva requerirá no solo voluntad política, sino también un proceso de cambio cultural que consolide su espíritu formador, revolucionario y emancipador”.

El presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Ricardo Rodríguez González, y la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Meyvis Estévez Echavarría, también mostraron su apoyo al Código, por su relevancia para la sociedad cubana en los tiempos actuales.