El fin de semana, unos 2 000 miembros de la Guardia Nacional ya estaban siendo desplegados en la ciudad californiana para detener las manifestaciones contra las operaciones de agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).
Según AP, este lunes miles de personas asistieron pacíficamente a una manifestación en el Ayuntamiento y cientos protestaron ante un complejo federal que incluye un centro de detención donde algunos inmigrantes están siendo retenidos tras redadas en lugares de trabajo en toda la ciudad.
Trump ha descrito a Los Ángeles en términos alarmantes que la alcaldesa Karen Bass y Newsom dicen que están lejos de la verdad. Afirman que está poniendo en riesgo la seguridad pública al agregar personal militar.
La policía local alega que no necesita la ayuda. El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo en un comunicado que confía en la capacidad del departamento de policía para manejar manifestaciones a gran escala y que la llegada de los marines sin coordinarse con la policía supone un “desafío logístico y operativo significativo” para ellos.
En una publicación en X, Newsom ha calificado los despliegues militares como imprudentes.
“Esto no se trata de seguridad pública. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso”, dijo el gobernador californiano, quien calificó de “abuso flagrante de poder” el despliegue de marines y afirmó que el estado interpondrá una demanda para impugnar la medida.
El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una demanda sobre el uso de tropas de la Guardia Nacional tras el primer despliegue, diciendo a los periodistas en su anuncio el lunes que Trump había “pisoteado” la soberanía del estado.
“No tomamos a la ligera que el presidente abuse de su autoridad y movilice ilegalmente a las tropas de la Guardia Nacional de California” dijo Bonta, quien pidió una orden judicial que declare ilegal el uso de la Guardia por parte de Trump y solicitó una orden de restricción para detener el despliegue.
La alcaldesa Bass también criticó duramente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y marines, que tildó como un “intento deliberado” del gobierno de Trump de “crear desorden y caos en nuestra ciudad”.
Bass hizo un llamado al Gobierno federal: “Detengan las redadas”.
Las protestas comenzaron el viernes último en el centro de Los Ángeles después de que las autoridades federales de inmigración arrestaron a más de 40 personas en toda la ciudad.
“El olor a humo flotaba en el aire del centro el lunes, al día siguiente de que las multitudes bloqueaban una autopista principal y prendían fuego a vehículos autónomos mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras”, dijo AP.
Según la agencia noticiosa, las protestas adicionales contra las redadas de inmigración continuaban la noche del lunes en otras ciudades como San Francisco y Santa Ana, en California, y Dallas y Austin, en Texas.
“Una falange de policías a caballo rodea a una persona que ha sido derribada al suelo y golpeada repetidamente con porras. Una reportera de televisión australiana hace un gesto de dolor cuando una bala de goma le dispara mientras finaliza una transmisión en vivo”, publicó Los Angeles Times.
“Una multitud que se arremolina sobre la autopista 101 lanza piedras y trozos de hormigón contra los agentes de la Patrulla de Carreteras de California que detienen a manifestantes, lo que provoca una descarga de granadas aturdidoras”, prosiguió su descripción el diario.
El rotativo apuntó que “esos incidentes y otros capturados en video se han vuelto virales en los últimos días a medida que las protestas por la inmigración alcanzaban un punto crítico en Los Ángeles”.
Según Los Angeles Times, los líderes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LAPD) han mantenido durante mucho tiempo que no tienen ningún papel en la aplicación de la ley migratoria civil.
Sin embargo −continuó Los Angeles Times−, “las dos agencias policiales más grandes de la región están repentinamente en la primera línea de la represión de la Administración Trump, enfrentándose en la calle con manifestantes, la mayoría pacíficos y algunos aparentemente con la intención de sembrar el caos”.
La chispa que encendió protestas y disturbios en la ciudad californiana fueron las redadas contra migrantes, que han involucrado a agentes del ICE, llegando a establecimientos de la ciudad a arrestar a posibles inmigrantes ilegales.
A principios de mayo, el ICE informó sobre la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en Los Ángeles. En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que el ICE debería realizar al menos 3 000 arrestos diarios.
El lunes, miles de personas inundaron las calles alrededor del Ayuntamiento para una manifestación sindical antes de una audiencia para el líder laboral arrestado David Huerta, quien fue liberado unas horas después con una fianza de 50 000 dólares.
El arresto de Huerta el viernes mientras protestaba contra las redadas de inmigración se ha convertido en un grito de guerra para las personas enojadas por la campaña del Gobierno contra la inmigración.
Huerta es el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios de California, que representa a miles de conserjes, agentes de seguridad y otros trabajadores del estado.
Los manifestantes se tomaron de las manos frente a una línea de agentes de policía fuera del centro de detención federal del centro donde Huerta estaba detenido. Líderes religiosos se unieron a los manifestantes, trabajando con los organizadores en ocasiones para desescalar momentos de tensión.
Había una fuerte presencia de las fuerzas del orden en las pocas cuadras cuadradas que incluían la instalación de detención federal.
Los cánticos contra una línea de tropas de la Guardia Nacional con agentes de Seguridad Nacional detrás de ellos que rodeaba los edificios federales aumentaron por la tarde mientras la gente gritaba “¡Libérenlos a todos!” y “Guardia Nacional, váyanse”.
A medida que la multitud se reducía, la policía comenzó a empujar a los manifestantes fuera del área, disparando municiones de control de multitudes mientras la gente coreaba “Protesta pacífica”.
Los oficiales se volvieron más agresivos en sus tácticas por la noche, avanzando ocasionalmente para arrestar a manifestantes que se acercaban demasiado.
Las protestas se extendieron a todo el condado. Ante un almacén de ropa de Los Ángeles, familiares de los trabajadores detenidos exigieron en una conferencia de prensa que sus seres queridos fueron liberados.
Familiares de Jacob Vasquez, de 35 años, detenido el viernes en el almacén donde trabajaba, dijeron que aún no han recibido información sobre él. “Jacob es un hombre de familia y el único sostén de su hogar”, dijo Gabriel, el hermano de Vásquez, a la multitud. Pidió que no se usara su apellido, temiendo ser blanco de las autoridades.
Entre otros argumentos, Trump ha justificado el despligue militar en Los Ángeles alegando que la ciudad vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
El despliegue es la primera vez en décadas que la Guardia Nacional de un estado es activada sin una solicitud de su gobernador, una escalada significativa contra quienes rechazan la deportación masiva puesta en marcha por la Administración Trump. En este caso, además, las autoridades estatales rechazan el envío.
La última vez que la Guardia Nacional fue activada sin el permiso de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió tropas para proteger una marcha por los derechos civiles en Alabama.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
La Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador. Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
Pero esa disposición prevé tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional de un estado: si EE.UU. “es invadido o está en peligro de invasión por una” contra el Gobierno, y si “el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”.